El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado al Gobierno y a las fuerzas políticas con representación parlamentaria acabar en 2018 con el llamado 'limbo' de la dependencia, es decir, las personas con prestación del sistema reconocida pero que no la reciben efectivamente y que según las últimas cifras oficiales disponibles suman casi 350.000, más de un tercio del total de beneficiarios.

Para acabar con este alto número de personas que teniendo derecho a ello no reciben prestaciones ni servicios, el Cermi exige una dotación adicional extraordinaria para 2018 de 1.000 millones de euros, cantidad que se agregaría a la habitual y que debería consignarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, pendiente de remisión a las Cortes como proyecto y aprobación.

"Con esta inversión suplementaria, más la que deberían añadir cada Administración autonómica, en la misma medida que haya crecido la del Estado, podría ponerse a cero el contador de la dependencia en 2018, logrando que toda persona con prestación reconocida la recibiera de modo real, sin esperas de meses y años como sucede ahora", indica el comité en una nota.

A su juicio, "tener reconocido un derecho y que no se traduzca en nada tangible para la persona en situación de dependencia es el mayor fracaso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y una burla hiriente a la ley que ha cumplido 10 años desde su aprobación y entrada en vigor".

Según el Cermi, esta aportación presupuestaria extraordinaria debería formar parte de un pacto de Estado más amplio y ambicioso, suscrito por todas las fuerzas políticas, las administraciones competentes, los agentes y los movimientos sociales, "para consolidación y revitalización de un dispositivo de protección social en profunda crisis".

 

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