Según la AIReF, dentro de cinco años, el déficit de la Seguridad Social seguirá superando los 16.000 millones. El gasto aumentará en 25.000 millones impulsado por las jubilaciones.

Las marchas por las pensiones dignas confluyeron el lunes en Madrid, donde miles de jubilados mostraron su oposición a la reforma aprobada en el año 2013 por el Gobierno en la que se introdujo el índice de revalorización de las pensiones y se desarrolló el factor de sostenibilidad. Estas dos herramientas paramétricas lo que hacen es ajustar la cuantía inicial de las pensiones y la subida anual a la evolución de la esperanza de vida y la salud financiera del sistema, con el objetivo de que sea sostenible en el largo plazo.

La reforma carga todo el ajuste por la vía del gasto en pensiones, en especial porque en 2013 era difícil abordar un incremento de los ingresos dada la crisis que había en el país. Sin embargo, ahora que vuelve la recuperación (y la inflación), los jubilados han tomado conciencia de que esta medida irá reduciendo su poder adquisitivo año a año, de modo que a medida que envejezcan, serán más pobres. Las críticas de los pensionistas contrastan con la valoración positiva que han hecho la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional de esta medida, ya que asegura la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, puesto que ajusta los gastos a los ingresos.

La nueva fórmula de cálculo de la revalorización de las pensiones permite que el sistema sea predecible. La estimación independiente más exacta que hay es la que ha realizado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ya que cuenta con datos facilitados por la Seguridad Social que no son públicos. La AIReF determina que, si se aplica la normativa actual, las pensiones subirán un 0,25% anual al menos hasta 2022, esto es, el incremento mínimo que contempla la ley. Esto significará una pérdida de poder adquisitivo del 7% para los pensionistas en estos cinco años, un buen recorte a su paga mensual.

Los jubilados se resisten a sufrir tales pérdidas, y por eso han comenzado esta campaña de presión al Gobierno con las marchas convocadas por UGT y CCOO. En Madrid, la gran mayoría de manifestantes eran jubilados, no solo porque la marcha era en horario laboral, también porque este es un problema de cómo repartir la carga de las pensiones del 'baby boom' entre generaciones. ¿Pagan la factura los jubilados o los trabajadores?

Si la decisión es elevar las pensiones con la inflación para que no haya pérdida de poder adquisitivo, será necesario elevar la presión fiscal sobre empresas y trabajadores, lo que reducirá su renta disponible. La alternativa es cargar el ajuste sobre los pensionistas y así evitar subidas de impuestos o cotizaciones. Como no podía ser de otra manera, la tercera opción es buscar una solución intermedia.

Pensiones dignas

La marcha en Madrid estuvo encabezada por los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. Ambos pidieron una revisión de la reforma del PP para garantizar “un sistema digno de pensiones”. “No es que las pensiones no sean viables, es que con la actual regulación la calidad de las pensiones del futuro sería muy baja", denunció Sordo. Por su parte, Álvarez considera “necesario” volver al sistema anterior que indexaba las pensiones al IPC.

El problema de España es que ha pasado tanto tiempo sin atajar el déficit que el agujero del sistema tardará años en corregirse con la reforma actual. Según los cálculos de la AIReF, a pesar del ajuste de los gastos, el déficit que fue de 18.700 millones en 2016 seguirá en 16.100 millones dentro de cinco años. Esto significa que, después de cinco años de pérdida de poder adquisitivo, los pensionistas solo estarán a mitad de camino para ajustar el déficit (y eso sin pagar ni un euro de la deuda que irá acumulando la Seguridad Social).

El punto débil son los gastos, que, a pesar de la reforma, seguirán creciendo. Según las estimaciones de la AIReF, aumentarán en casi 25.000 millones de euros hasta 2022. Esto es, un avance del 19%. Tal ritmo de subida generará una gran presión sobre las cuentas de la Seguridad Social. Si el Gobierno acepta las exigencias de los jubilados y vuelve a indexar las pensiones al IPC, el déficit del sistema se disparará y entonces será necesaria una inyección de varios miles de millones de euros procedentes de impuestos.

Tanto UGT como CCOO consideran que es necesario elevar la recaudación para mejorar las pensiones. “No hay ninguna maldición económica para explicar que las pensiones no sean viables en el futuro”, explicó el lunes Sordo. Su propuesta es elevar paulatinamente el gasto hasta que llegue al 15% del PIB.

En 2016, el gasto en pensiones fue del 11,8% del PIB, nivel en el que lleva estancado tres años. Elevar la nómina de las pensiones hasta el 15% significaría destinar más de 35.500 millones de euros extra al sistema (cuantía que cubriría todo el déficit público para este año). Para Sordo, este objetivo "es perfectamente viable, pero hay que mejorar la estructura de ingresos del sistema, subir los salarios más bajos, destopar los más altos y acometer nuevos ingresos que en algunos casos vengan de los Presupuestos".

UGT reclama al Gobierno que eleve la pensión mínima hasta 1.000 euros para “garantizar una vida digna a nuestros mayores”. Según los datos de la Seguridad Social, actualmente hay más de 2,5 millones de personas cobrando algún tipo de pensión del sistema, lo que significaría un gran desembolso para la caja única.

En cualquier caso, la presión de los pensionistas al Gobierno no ha hecho más que empezar. Si el IPC se afianza en el entorno del 2%, los pensionistas perderán cada año en torno a 1,75 puntos de poder adquisitivo. En un escenario de recuperación como el actual, será difícil para el Ejecutivo justificar por qué este castigo a los mayores, y más teniendo en cuenta que son un gran 'caladero' de votos. El Ejecutivo tiene un pretexto: sigue esperando las recomendaciones del Pacto de Toledo, que lleva casi un año estancado por la fragmentación del Congreso. Pero los pensionistas no quieren excusas cuando se trata de su paga a fin de mes y ya exigen al Gobierno acción.

 

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