El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron recuperar en los próximos años la financiación recortada al sistema de dependencia en 2012, cuando sufrió una merma del 15%, y reintegrar en 2018 al menos el 5% de lo perdido.

Así lo anunció la consejera de Familia e Igualdad de Castilla y León, Alicia García, durante un receso de la reunión del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en el que están presentes todas las comunidades excepto Cataluña.

García resaltó el nivel de acuerdo sobre el informe elaborado por la Comisión para el Análisis de la Situación actual del Sistema de la Dependencia y de su sostenibilidad tras una decena de reuniones. El documento concluye que "resulta imprescindible, para la sostenibilidad del sistema, la recuperación de la financiación del nivel mínimo fijado con anterioridad a la reforma de la ley operada en 2012, lo antes posible y teniendo en cuenta que la economía española se encuentra en una fase de consolidación del crecimiento y creación de empleo".

Asimismo, las comunidades ven "absolutamente imprescindible" para la sostenibilidad del sistema tanto la recuperación presupuestaria como "la equivalencia de los esfuerzos financieros de la Administración General del Estado y de las comunidades, logrando equiparar las aportaciones" al 50%.

García también subrayó los avances en la acreditación de los profesionales que atienden la dependencia, de forma que para tener una acreditación excepcional a base de formación y horas trabajadas no será necesario ser mayor de 55 años.

Con fecha 31 de agosto, en España había 1.226.738 de beneficiarios con derecho, aunque sólo recibían prestación efectiva 915.929, según el informe, que cifra en 7.986 millones de euros el coste del sistema a 31 de diciembre de 2016.