Según Wikipedia la “deslocalización” es el movimiento que realizan algunas empresas trasladando sus centros de trabajo en países desarrollados a países con menores costes para ellos, generalmente a países en vías de desarrollo.

En nuestro caso, al hablar de “deslocalización sociosanitaria”, no lo hacemos de empresas que se desplazan, sino que los que se desplazan son los clientes, las personas dependientes.

A modo de ejemplo, hace algunos años leímos que el gobierno alemán estaba enviando a personas dependientes a ser atendidas en residencias de países próximos como Polonia, donde la atención era mucho más barata debido a los costes más bajos de la mano de obra.

En nuestro país siempre nos ha llamado la atención el elevado ratio de plazas que existía en Castilla León y Castilla la Mancha, especialmente en zonas limítrofes a la Comunidad de Madrid y al País Vasco, y que algunos achacábamos a este mismo fenómeno.

Probablemente el caso de Bizkaia es el ejemplo más claro. En el norte de Burgos y en el este de Cantabria, a 40-60 kilómetros de Bilbao, existe una amplia oferta de centros cuyos clientes son mayoritariamente personas dependientes vascas que encuentran a 10-20 kilómetros de su domicilio plazas residenciales a mitad de precio que las de su propio municipio, en el entorno de los 1.200-1.400 euros.

Las diferencias salariales entre una y otra provincia, junto con marcos normativos diferentes están detrás de esta situación.

Unas diferencias que por cierto van a ir a más ya que, por una parte, en el plano salarial, Bizkaia lleva más de un año con un conflicto laboral que conllevará un incremento sustancial de los costes, y por otra parte, el Gobierno Vasco está a punto de aprobar un nuevo decreto de Centros Residenciales con mayores requerimientos de personal y arquitectónicos.

Alguien tendría que reflexionar sobre lo que está pasando.