Mafalda servicios socialesNo queremos crear una polémica donde no la hay, y menos a finales de julio cuando la gran mayoría de nuestros lectores están preparando las maletas para disfrutar de un merecido descanso, pero creemos que hay que empezar a poner encima de la mesa este debate.

Es verdad que antes de aprobarse la ley, cuando la atención a la dependencia no era un derecho subjetivo y su atención estaba sujeta a la disponibilidad presupuestaria, eran los Servicios Sociales los que tenían encomendada esta tarea. Una tarea que habían heredado desde el modelo benéfico asistencial de la época de los asilos.

No es menos cierto que cuando se empiezan a conformar los Servicios Sociales, tal y como los conocemos ahora, la esperanza de vida era inferior y eran muchas menos las personas mayores dependientes. En su origen, los servicios sociales tuvieron un gran trabajo en atender a otro tipo de colectivos, mucho más numerosos y con necesidades mucho más apremiantes, un claro ejemplo de ello la (RGI) renta de garantía de ingresos mínimos.

Lo cierto es que con la aprobación en el año 2.006 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, a los Servicios Sociales se les ha asignado una tarea para la que, en nuestra opinión, no están preparados, y para la que no han sido diseñados.

Para nosotros, la atención a las personas mayores dependientes, a diferencia del resto de colectivos a los que se atiende desde los servicios sociales, incluye un elemento que los hace sustancialmente diferente del resto: el COPAGO.

Un COPAGO que en función de la situación económica de la persona puede suponer quedar fuera de la cobertura de la ley, y/o tener que abonar la práctica totalidad del coste del servicio, un coste que, por otra parte, puede ser inferior en el mercado privado.

En estos casos la pregunta es, ¿qué le aportan a esta persona los servicios sociales? Y no, no nos podemos conformar con lo de Orientación e Información, en estos tiempos no.

Además, para poder acceder a las prestaciones y servicios contemplados en la ley hay que “valorar” el grado de dependencia de la persona solicitante, una valoración más sanitaria que social.

Por último, hay que tener en cuenta las posibilidades, deseos y necesidades de las personas dependientes y sus familias a la hora de “trazar” el itinerario de atención, y más aún insistimos, teniendo en cuenta que tienen que COPAGAR por los servicios, llamémoslo libertad de elección, sobre todo si al final el servicio elegido es un centro residencial.

Con este panorama, teniendo en cuenta que en muchas zonas los servicios sociales están desbordados, sin capacidad para dar atención a otro tipo de necesidades, y con unos recursos muy limitados, ¿no habría que pensar en algún otro modelo?.

Visto de otro modo, si tenemos personas que la “Sanidad” tiene que validar como dependientes, si “Hacienda” tiene que decir cuánto tienen que pagar, y si además tenemos que tener en cuenta los intereses y deseos de las familias de las personas dependientes, ¿son los servicios sociales los más indicados para hacer este trabajo?.

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