Para que las diferentes administraciones públicas puedan ofrecer atención residencial a las personas dependientes, necesitan “comprar plazas” a la iniciativa privada, con y sin ánimo de lucro.

Existen varias formas de hacerlo, concesiones, concertaciones, acuerdos marcos, prestaciones individuales,… y cada comunidad autónoma establece su propio marco regulatorio con diferentes tarifas y diferentes requerimientos.

En algunas comunidades autónomas, -Andalucía por ejemplo lo reguló a finales de año-, se han establecido las denominadas clausulas-contratos sociales que discriminan a las sociedades mercantiles frente a las entidades sin ánimo de lucro, y a las SINONIMO DE LUCRO.

En otras, las bajas tarifas de concertación están provocando que los operadores no quieran ofrecer plazas a la administración allí donde existe una demanda privada solvente.

Asimismo, en muchas comunidades los requerimientos para la concertación de plazas públicas son mucho más exigentes que los que se regulan para los clientes privados, como si las necesidades fuesen diferentes.

Por estas y por otras muchas razones, son muy pocas las comunidades autónomas donde los gestores están contentos con los modelos de concertación, y son muchos menos, aquellos territorios en los que las personas dependientes, y sobre todo sus familias, disponen de libertad de elección real a la hora de escoger el centro en el que quieren que su familiar sea tratado. Ahora que está tan de moda, no se puede hablar de la Atención Centrada en la Persona, si no existe una libertad de elección del centro residencial.

Se hace necesario articular modelos de concertación que, teniendo como eje central esta libertad de elección, articulen fórmulas de compra de plazas justas, transparentes y abiertas a todos aquellos centros que deseen formar parte de la red pública.

Alguna comunidad lo está intentando, a ver si cunde el ejemplo.